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Barcelona y Madrid reclaman una ley de financiación del transporte público

Un autobús urbano de Barcelona
Un autobús urbano de Barcelona
Un autobús urbano de Barcelona

Los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid reclaman al Gobierno Español una nueva ley de financiación del transporte urbano. Según los dos consistorios «el transporte público colectivo urbano es un elemento clave del funcionamiento de las ciudades, uno de los principales motores de las grandes urbes, dado que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos». En un comunicado añaden que «un buen sistema de transporte público, que es cuatro veces más económico que el privado, significa una movilidad urbana más eficiente y un mayor y mejor desarrollo económico en las ciudades».

La concejala de movilidad del ayuntamiento catalán, Mercedes Vidal, asegura ha que des de las corporaciones locales “se está haciendo un gran esfuerzo para financiar el transporte público que no se ve correspondido por una implicación suficiente del Estado”. “Necesitamos un marco de financiación estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas”, dice, que añade que hace falta “un mayor compromiso del Estado con todas las ciudades”. “Las administraciones locales estamos cumpliendo más que sobradamente con un papel financiero demasiado preponderante a la hora de hacernos cargo de una responsabilidad que tiene que ser compartida por todos, como es el derecho a la movilidad”, afirma.

Su homóloga madrileña Inés Sabanés explica que “las ciudades somos conscientes del papel relevante e importante que tenemos en la lucha contra el cambio climático i a la hora de garantizar una movilidad sostenible” y afirma que “el marco local no puede sostener en solitario una tarea de esta magnitud en el tiempo y con carácter permanente e universal”. “Es necesario que nuestro país tenga una ley de financiación del transporte público, es lo que garantizará que este impulso que se ha dado des de los ayuntamientos tenga voluntad de mejora y de permanencia”, finaliza.

El único estado sin ley de transporte público

España es el único país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación del transporte público. El Estado aporta una cantidad económica mediante los Presupuestos Generales del Estado a los municipios de más de cincuenta mil habitantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y de manera más específica a Madrid, Barcelona y Canarias. Se trata de una cantidad que ha ido variando con los años, sin que quedara establecida una cifra o unos criterios objetivos al respecto: la extensión de la ciudad, la red de transportes o el volumen de viajeros diarios.

Actualmente, la aportación central al transporte público de Barcelona no llega ni al 16% de las aportaciones totales, y la de Madrid se sitúa en el 10%, una media claramente inferior a la europea, que en algunos casos llega al 40%.

La crisis ha agravado la situación

En los últimos años la situación se ha agravado, al no disponer de una ley específica de transporte público, los recortes en la aportación estatal han llegado a ser del 25% en Barcelona, del 31% en Madrid y del 28% para el conjunto del resto de las ciudades. Esto, sumado al mantenimiento de las tarifas, ha supuesto un mayor esfuerzo adicional por parte de las administraciones locales y los consumidores.

Por este motivo, Barcelona y Madrid, en representación también de otras ciudades españolas, han acordado hoy hacer frente común para ponerse al mismo nivel que el resto de países de Europa e instar al Gobierno central a iniciar con carácter urgente la redacción de una ley estatal que aumente la aportación al sistema de transporte público de las diferentes ciudades, y avanzar así hacia un transporte público plenamente eficiente y competitivo.

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